La educación por la que nadie lucha

Augusto Rubio Acosta

Una de las cosas que más me indignan, me enervan, me joden desde hace mucho, es el abandono del sector educativo de parte del Estado. En reiteradas ocasiones lo hemos manifestado en diversas tribunas públicas, sobre todo en ocasiones en las que ciertos funcionarios públicos se han referido a la apócrica ‘revolución educativa’.

Todos sabemos, desde hace mucho, que las reformas que deben implantarse con urgencia en el sector deben girar alrededor de los maestros (que se constituyan en verdaderos aliados y protagonistas del cambio), y de un presupuesto digno que permita realizar las modificaciones de fondo.

Al respecto, la semana pasada el congreso brasileño aprobó una ley que destina el 75 % de las regalías petroleras a la educación, lo que garantiza unos 112.000 millones de reales (46.670 millones de dólares) para el sector en los próximos diez años. Se trata de una inversión adicional a la ya realizada por el gobierno de la presidenta Rousseff en materia educativa, lo que garantiza recursos para el sector por varias décadas.

Lo que si es necesario anotar, es que el nada desdeñable presupuesto educativo en el vecino país no ha caído del cielo. El ejemplo brasileño se ha dado en las calles, con marchas y movilizaciones en todas las ciudades, ciudadanos concientes exigiendo llegar a ser una nación desarrollada mediante la inversión en educación. Las manifestaciones por mejores servicios públicos que sacudieron Brasil, en junio pasado, han introducido la presión que se necesitaba para que la clase política apruebe una ley que le cambiará el rostro al país del cercano oriente. 

En Chile, el sistema educativo también ha experimentado notables transformaciones desde que hace casi tres años los estudiantes, hastiados del modelo que en 1981 introdujo la privatización de la enseñanza, se echaran a la calle para exigir educación pública, gratuita y de calidad. El presupuesto en educación ha pasado de 9.348 millones de dólares (2009) a 13.305 millones (2013), un incremento del 42 % (3.957 millones) que se ha visto acompañado de una serie de leyes que han reformado algunos de los aspectos esenciales del sistema. El Ministerio de Educación (que ha visto pasar media docena de titulares del portafolio solo en los últimos tres años), no ha conseguido encauzar, sin embargo, el diálogo con las organizaciones de estudiantes de enseñanza secundaria y superior que piden más, que exigen mejores condiciones para el estudio, que no se conforman con lo que han logrado (y eso es muy bueno).

¿Qué tiene que pasar en el Perú para que el Ejecutivo y el Legislativo elaboren y aprueben leyes que permitan educación pública, gratuita y de calidad?, ¿por qué los peruanos no estamos descontentos e indignados con la mediocre y triste educación que se imparte a nuestros hijos en las aulas privadas o públicas?, ¿por qué se permite cobros excesivos en ciertas universidades particulares donde la enseñanza que se imparte es de dudosa o paupérrima calidad y está orientada (mediante el uso de diversos subterfugios) al lucro?, ¿por qué el peso de la educación en el porvenir del país no se deja sentir durante las campañas electorales mediante las propuestas de los candidatos?

Mejorar la calidad educativa, elevándola a estándares del primer mundo desde las etapas básica y preescolar hasta los niveles superiores, es combatir efectivamente la pobreza. Consideramos que la respuesta a nuestras interrogantes está en las calles, en el rol que ejercemos como ciudadanos en el cambio. Nada caerá del cielo, de eso estamos seguros.